Si el cambio de compañía aseguradora supone una mejora para la comunidad de vecinos, el presidente puede tomar la decisión de no renovación de la póliza actual y contratación de otra nueva.
La DGT ha publicado la instrucción VEH 2022/26 con la intención de agilizar la retirada y traslado de vehículos abandonados en aparcamientos y recintos privados.
En las comunidades de vecinos la prescripción de las deudas de los propietarios está regulada por el artículo 1964 del Código Civil.
Orden 2106/1994, de 11 de noviembre. Publicación B.O.C.M, nº 50, de 28 de febrero de 1995, págs. 6 a 20.
En comunidad de vecinos, el arrendamiento de elementos comunes debe contar con la aprobación en Junta de Propietarios por tres quintas partes de los propietarios, que a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Este tipo de reclamaciones están reguladas por la LOE, Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Todos los años, en el mes de febrero, las comunidades de vecinos deben informar a Hacienda sobre sus operaciones con terceros que, durante el año inmediatamente vencido, hayan superado los 3.005,06 euros.
Existen limitaciones para la entrega directa de la documentación de la comunidad de vecinos entre administradores de fincas.
El año 2018 ha conocido grandes novedades normativas en referencia a la protección de datos.
Es conveniente que las comunidades de vecinos estén informadas de las obligaciones que, en materia de riesgos laborales, tienen para cumplir todo lo relacionado con la Ley.
Los distintos municipios cuentan con normativas propias, por lo que será necesario consultarlo en aquél al que pertenezca la comunidad de vecinos.
La Ley de Propiedad Horizontal ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo y, además, algunas otras leyes hacen referencia e influyen en ella.
Todas las compañías de seguros incluyen defensa jurídica en sus pólizas multirriesgo de comunidad, pero varían algunas garantías de unas compañías a otras.
El Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social marcaba el día 4 de diciembre de 2017 como fecha límite para que los edificios de viviendas fueran accesibles para las personas con discapacidad y mayores de 70 años.
Debemos tener en cuenta que, si no afecta a elementos y servicios comunes ni contraviene los Estatutos de la comunidad de vecinos, no se debería coartar la disponibilidad de la propiedad privada.