El certificado de deuda de la comunidad de vecinos es un documento que debe exigir el comprador al vendedor en las operaciones de compra-venta de inmuebles.
En ocasiones, por su carácter urgente y/o la falta de los fondos necesarios, determinadas actuaciones a acometer en la comunidad de vecinos exigen este tipo de sacrificios por parte de los propietarios y en bien de la finca.
Los gastos de mantenimiento de un inmueble pueden ser ordinarios o extraordinarios.
Cuando aparecen desperfectos en un edificio el/los propietario/s o la comunidad de propietarios tiene/n la posibilidad de presentar reclamación.
Existen algunas actuaciones impuestas por la Administración Pública que no requieren acuerdo previo de la comunidad de vecinos.
Estos acuerdos requieren un tercio de los votos de los propietarios que, a su vez, representen un tercio de las cuotas de participación.
La adopción de acuerdos por mayoría en las comunidades de vecinos requiere el voto favorable de la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
Algunos acuerdos en las comunidades de vecinos necesitan un quórum de tres quintos de los propietarios que, además, deberán representar las tres quintas partes de las cuotas de participación.
La adopción de acuerdos por unanimidad en el régimen de propiedad horizontal requiere el voto de todos los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participación.
El IEE o informe de Evaluación de los Edificios es un documento técnico que recoge la información global del edificio en referencia a distintos aspectos y que acredita la situación en la que se encuentra.
El modelo 347 de la Agencia Tributaria es la presentación informativa de operaciones con terceras personas.
Existe mucha confusión en el mercado de los consumidores sobre la colegiación de los administradores de fincas y ello plantea preocupación a los propietarios y comunidades de vecinos.
Las comunidades de vecinos deben cumplir una serie de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales que, generalmente, resultan desconocidas para los comuneros.
La individualización de consumos de calefacción comunitaria se ha visto favorecida por la Directiva Europea de Eficiencia Energética 27/2012/UE.
Para que el tratamiento de datos sea lícito debe contarse con el consentimiento del interesado o actuar sobre alguna otra base legítima establecida conforme a Derecho.